El Gobierno ha enviado una nueva propuesta sobre diversos asuntos relacionados con el mercado laboral, que se deben tratar en al marco del diálogo social. Este documento es mucho más regresivo que anteriores, porque reincide en tres aspectos; error en el análisis de la dualidad del mercado de trabajo, considera las indemnizaciones como costes salariales y abre la puerta a la degradación de los servicios públicos de empleo, a favor de peligrosas formas de intrusismo y control laboral por la Patronal.
Desde hace tiempo se señala a los 45 días por año trabajado, como una de las causas que desincentiva la contratación indefinida, pero debemos resaltar que estos 45 días es la garantía que tienen los trabajadores para evitar un despido injustificado, es decir sin causa, arbitrario, y por ese abuso de la buena fe contractual hay que pagar.
Entrar a discutir las rebajas en las indemnizaciones, es dar más ventajas al empresario para usar el despido improcedente, y así despedir a aquellos trabajadores más combativos, reivindicativos o con inquietudes sindicales, amparando en cierta manera la violación de un derecho constitucional como es de la actividad y libertad sindical.
Del primer estudio de esta propuesta, no podemos aceptar las líneas centrales, porque no caminan en el necesario cambio de modelo económico, persisten en la precariedad bajo otras formulas, y se abre la puerta a la legalización de la discriminación en el acceso al derecho al trabajo, algo que choca frontalmente incluso con el modelo social y de derecho que reconoce nuestra Constitución.
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