La Marca Real de un gran comisionista

En las primeras etapas del reinado de Juan Carlos I han sido innumerables los hombres ligados al mundo empresarial que han “ayudado” a florecer los negocios de la Casa Real. Cuando Juan Carlos de Borbón fue entronizado se decía que carecía totalmente de fortuna personal. Siendo aún príncipe, en 1963, un año después de su boda real con Doña Sofía, el banquero Luís Valls Taberner comenzó a proporcionar al monarca una generosa cantidad de dinero (en forma de intereses bancarios) destinada a aportar liquidez económica a los recién casados. También contribuyeron muchos nobles del franquismo a alimentar las arcas reales para salvar según ellos al país de la hecatombe republicana.

No sólo del temor a la república (“amenaza para la seguridad del país y para la estabilidad de la monarquía” sino del ¡peligro de un PSOE marxista! (“el partido socialista obtuvo un porcentaje de votos más alto de lo esperado…. fuentes fidedignas me han informado de que su partido es marxista”) se serviría Juan Carlos I, en una carta al sátrapa de Persia fechada el 22 de Julio de 1977, para pedirle 10 millones de dólares de la época. La carta no tiene desperdicio por el dramatismo pedigüeño con el que está escrita y por la sarta de mentiras sobre la situación real en la que competían cada una de las principales fuerzas políticas contendientes del momento, especialmente la UCD, que utilizó para su campaña y formación de la lista de candidatos la estructura del Estado tardofranquista.

Desconocemos qué cuantía fue a parar a la UCD de Adolfo Suárez, partido para el que Juan Carlos I demandaba al entonces rey persa los 10 millones de dólares, si es que llegó algo, o se distrajo hacia las arcas reales alguna comisioncilla por el papel de borbónico conseguidor de la financiación extranjera al centro político.

Después fueron desfilando un sinfín de nombres que se servían del rey
para expandir sus negocios y las presuntas comisiones fueron cayendo en forma de lluvia copiosa sobre la Casa Real. José María Cuevas, Ruiz Mateos, Manuel de la Concha, Mario Conde, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa, Alfonso Escámez, los Albertos, Giovanni Agnelli, Raul Gardini y Juan Abelló entre otros muchos.

El periodista Jesús Cacho en su libro EL NEGOCIO DE LA LIBERTAD, reveló algunas de las fuentes de la financiación de Juan Carlos I; una de ellas fue el petróleo, el cuál generaba unas jugosas comisiones procedentes del crudo de los emiratos árabes que se importaba a España (ahora aunque han variado las formas aún continúa recibiendo comisiones).

Todo hace sospechar que La Casa Real se dio cuenta del valor de su marca y en cierto momento montó su propio negocio sin necesidad de que participasen intermediarios. Es en ese marco en el que aparecen los viajes del rey a los países árabes, el petróleo, el AVE, el Gas Natural,… pero también a América Latina (Repsol, Telefónica, Agbar,…)

Todo este entramado, que presentan los promotores de la marca España a través de Fundaciones como Éveris, otras instituciones paraempresariales y el Gobierno, necesitaba de una cabeza visible que encontró en la marca REAL; algo que la propia derecha mediática no tiene empacho en reconocer cuando afirma “El primer embajador, el Rey”. Este papel es el que en todos los mentideros políticos asignan a Iñaki Urdangarín Liebaert. A través del Instituto Nóos, la Casa Real habría movido una parte de sus “chanchullos” empresariales que han saltado a la escena política y jurídica con la imputación de Urdangarín, del secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, y la reciente de la Infanta Cristina “por cooperación necesaria” en la trama. Aunque el auto de la imputación contra ésta es “demoledor” hay un ejercicio de malabarismo legal para limitar (“la Infanta prestaba su consentimiento a que se utilizara su nombre, tratamiento y cargo” ), por el momento, el alcance de la responsabilidad dentro de la Casa Real. Pero cuando el juez Castro afirma ”No se acaba de entender que el Rey no comente con su hija las críticas que había hecho llegar a su marido” parece colgar sobre la cabeza regia la horca caudina de algo más que una certera sospecha. Por elevación, bien podría afirmarse que la Infanta Cristina de Borbón no es sin un eslabón en la cadena de testaferros que, cada vez de modo más evidente, acabaría en la cabeza de la trama de los “negocietes y chanchullos” de la familia Borbón: el propio Rey

La Agencia Tributaria de Cataluña les atribuye haber defraudado un total de 230.979 euros del impuesto de sociedades a través de Nóos durante el año 2007 y eleva a más de 120.000 euros cada una de las cuotas del IRPF defraudado en los años 2007 y 2008.

En esta situación aparece la noticia de una cuenta en Suiza cuyos fondos (1.100 millones de pesetas en 1993) parecen provenir de la herencia de su padre, Don Juan de Borbón, una parte de la cuál -375 millones de pesetas (2,2 millones de euros )- habría sido legado al propio Juan Carlos I y el resto entre las infantas Pilar y Margarita, hermanas del Rey.

El escándalo, al que la prensa del régimen y el bipartidismo reinante han puesto sordina, ha saltado por efecto perverso de la opacidad tradicional de los Borbónes en asuntos de la fortuna de sus miembros y por las dudas relativas a si esta herencia real ha tributado o no fiscalmente.

El servilismo rastrero tradicional tanto del PP como del PSOE y de sus respectivos gobiernos hacia la monarquía, ha reforzado las dudas existentes en relación a la situación legal y fiscal de esta parte de la fortuna del rey. Cuando Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, ha afirmado que “son cosas de hace muchos años, por ello no se qué explicaciones tiene que dar el Gobierno o qué preguntas tiene que contestar este Gobierno, sobre asuntos que en todo caso ya están prescritos y pertenecen al pasado, hayan sucedido o no, que yo repito no sé si han sucedido o no”, reconociendo implícitamente que tal delito fiscal por parte de Juan Carlos de Borbón ha podido existir, por mucho que los corifeos monárquicos se empeñen en escudarse en la “inviolabilidad” de la figura real.

Pero, en medio de la trama Nóos, de la reciente imputación de la Infanta Cristina, en el caso y del carácter de primer embajador de la marca España el Rey, nos preguntamos si la cuenta Suiza es realmente lo que se nos dice desde el periódico “El Mundo” que es (parte de una herencia) o se está utilizando ésta como versión señuelo de otros tipos de procedencia del dinero. Y si esto fuera así nos encontraríamos con un nuevo interrogante: ¿existen otras cuentas de Juan Carlos de Borbón cuya procedencia sea también de difícil justificación y en qué otros paraísos fiscales?.

En cualquier circunstancia histórica, la frase “la ley es igual para todos” que esgrimía el Rey, en esquiva respuesta al clamor popular por lo que en 2011 eran aún sólo escándalos de su yerno, debiera ser cierta a pesar de que en el Título II, de la Corona, artículo 55.3 se afirme que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Cuando la máxima institución del Estado está más que cuestionada moralmente debido a la incompatibilidad de la monarquía con los valores democráticos, que en cualquier tiempo es evidente y ahora resulta demoledora.

Pero cuando todo ello está sucediendo en un contexto de brutales cifras de paro, destrucción de los servicios sociales, recortes salvajes de derechos de la clase trabajadora, empobrecimiento dramático de cerca de un tercio de la población española, agresión a las libertades democráticas por parte del Gobierno y brutal represión de las luchas sociales contra las devastadoras políticas de rapiña de lo público por el capital, la corrupción que pudre a la monarquía española y a su servicial gobierno de turno, todos ellos firmes defensores del capitalismo, se convierte en sarcasmo, en una burla antidemocrática y es el momento de gritar “hasta aquí hemos llegado”, pues 37 años de “sacrificado servicio” de la Monarquía al pueblo español son mas que suficientes, (bastan y sobran).

Es la hora de levantar la bandera republicana pero al servicio de la clase trabajadora y no de esas soluciones “republicanas” que, desde dentro del régimen, o desde un “progresismo” interclasista envuelto en extrañas mareas tricolores sin más adscripción ideológica, en las que no se sabe bien quién es quién, ni qué proyecto político se defiende, están tomando posiciones para mantener el “statu quo” de la opresión capitalista sobre los restos de la carcasa ya cadavérica de la monarquía.

Pero para ello es necesaria la movilización popular y la organización obrera en estructuras de clase, de las luchas que exija e imponga que la ley y la investigación de los posibles delitos e infracciones a la misma no se detengan, ni prevalezcan sobre cualquier excepcionalidad a la misma en la que un particular apellido o dinastía pretenda blindarse.